SUBASTAS

La Ley de Enjuiciamiento Civil, introduce cambios muy importantes con la nueva Ley para la regulación de las subastas, sobre todo en la previsión del procedimiento de apremio o fase de realización distribuyendo los bienes según su diferente naturaleza. Esta Ley tiene muchas lagunas, y establece una única subasta con el propósito de obtener un resultado más beneficioso para el deudor ejecutante y también para poder reducir los costes.

Esta Ley propone nuevas vías para la enajenación forzosa, como una alternativa a las subastas. Esto permite agilizar la realización y mejorar su rendimiento. En relación con esto, se hacen convenios de realización entre ejecutante y ejecutado y ofrece la posibilidad de que con la conformidad del ejecutante el juez acuerde la enajenación del bien por la entidad especializada al margen de una subasta judicial, por lo que este procedimiento se hace más ágil y económico.

Cuando se realiza una subasta, especialmente cuando las subastas son de bienes inmuebles, hay que tener especial cuidado. Con la nueva Ley a diferencia de lo que se hacía con la tradicional liquidación de cargas, el legislador pone especial atención en los aspectos registrales para poder proteger mejor a terceros. Para la subsistencia y cancelación de cargas van a subsistir las cargas anteriores al gravamen que se ejecuta y la cancelación de cargas posteriores. El sistema se completa deduciendo del avalúo el importe de las cargas subsistentes para fijar el valor por el que el bien va a salir a la subasta. Con esto se consigue que las cantidades que se obtienen en una subasta vayan íntegramente en beneficio de la ejecución.

El Ilustre Colegio de Procuradores de Vizcaya, asume las funciones atribuidas como cooperador directo y necesario de la Administración de Justicia, constituyéndose en entidad especializada, y firmando los convenios necesarios para alcanzar dichos fines, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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