Según un articulo publicado en el Diario Digital El Correo en la edición Rioja el día 7 de octubre de 2013.

ESTAMOS PENSANDO EN CAMBIAR EL NOMBRE

• José Toledo, decano de los Procuradores de La Rioja, aboga por mantener la incompatibilidad de tareas entre abogados y procuradores
• Los procuradores planean reinventarse ante los cambios que anuncian las nuevas leyes

La del procurador -un licenciado en Derecho- es de esas profesiones que, a excepción de quien se mueva en el sector judicial, requiere explicación.

Para muchos, y quizás durante años esa fue su principal tarea, el procurador ha sido 'el mensajero', el que notificaba asuntos judiciales y controlaba pleitos. Sobre él recae también la representación de parte, y desde 2001 la potestad de practicar emplazamientos, entre otras cosas.

Estos días el colectivo de procuradores ha salido a la palestra contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, la ley que tiene en vilo a varias profesiones. La cuestión, en este caso, se refiere al punto que elimina la exclusividad del procurador para realizar ciertas tareas, que también podrán ser ejercidas por abogados, lo mismo que el procurador tendrá la posibilidad de llevar a cabo labores de abogacía.

Pero, ¿por qué les afecta negativamente? «Desde fuera puede entenderse que es una profesión liberal y te permite trabajar de abogado. Sin embargo, pensamos que la compatibilidad no es buena, y los abogados también entienden que no es buena, salvo que lleves un asunto exclusivamente...

Entre ambas profesiones hay una diferencia, filosófica y de principios, muy importante: el abogado tiene que defender a su cliente a ultranza, con todos los medios, nada más; y el procurador representa y hace lo mismo, porque el cliente es el mismo, pero también atiende a la defensa del interés público.

Yo a un denunciado no le puedo ocultar los medios procesales que tiene para defenderse.El abogado no tiene que hacerlo en absoluto. Esa es una función pública que se debe mantener incompatible con la defensa, por principios y porque es bueno para el ciudadano», explica José Toledo, decano del Colegio Oficial de Procuradores de La Rioja, donde hay cincuenta profesionales.
 
Y va más allá: «el papel soporta todo -que en un juicio actúes en un caso como abogado y en el siguiente como procurador-, pero en la realidad es imposible porque la mentalidad no es la misma».

El posible ahorro subyace tras la modificación de las tareas, pero, según Toledo, eso no será así. «Nosotros no estamos gravando el proceso. Si desaparece nuestra figura de representación alguien tendrá que hacer ese trabajo y cobrar por él». La eliminación de aranceles que indica el anteproyecto aprobado el 2 de agosto, y al que ya se han presentado alegaciones y unas 130.000 cartas de protesta del sector judicial, es otro punto de discusión: «Tener aranceles da seguridad al ciudadano; el problema de funcionar si ellos será cuando haya condena a costas, nadie sabrá lo que va a suponer. A pesar de todo, en algunos casos los aranceles perjudican al procurador porque son muy bajos, no se modifican desde 2003», asegura el decano desde hace 25 años.

Por todo ello, en especial por la modificación de la Ley Enjuiciamiento Civil ahora en trámite, que les daría más autoridad y la posibilidad de ejecutar sentencias, la figura del procurador poco tiene que ver con los inicios. «Llevamos más de diez años creando una nueva profesión.

Las competencias de antes y de ahora poco tienen que ver», admite Toledo y da las claves. «Estamos pensando en cambiar el nombre a la profesión. Cada vez somos más 'huissiers', es decir, ejecutores de sentencias y resoluciones. No hablamos de desaparición, sino de cambio de funciones», adelanta. Así que a pesar de todo, José Toledo es optimista: «espero que el punto de la incompatibilidad se revise».